El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, recomendó ayer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) licitar, en el menor tiempo posible, el espectro de una tercera cadena de televisión abierta. Según el funcionario, este proceso ayudaría a evitar la aparición de nuevos diferendos entre las televisoras y los anunciantes –al haber mayor oferta de espacios tendría que darse también una baja de las tarifas publicitarias– y deberá realizarse bajo la supervisión de la propia CFC, con el propósito de evitar
Las recomendaciones del presidente de la CFC tienen dos elementos de contexto ineludibles. El primero es el señalamiento formulado anteayer por el ex aspirante presidencial y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional Andrés Manuel López Obrador, quien en una reunión con empresarios sostuvo la necesidad de revisar los títulos de concesión vigentes sobre el espectro radioeléctrico del país, con miras a procurar una mayor competencia en el sector, y se pronunció por concentraciones excesivas.
abrir todo lo que se pueda, y (decir) no a los monopoliosen el ámbito de las telecomunicaciones.
Otro precedente es la reciente decisión de las empresas de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, de retirar su publicidad de las señales del duopolio de la televisión abierta. Aunque los involucrados alegan un desacuerdo por las tarifas publicitarias, analistas coinciden en que el trasfondo de la decisión es una disputa por el control que esos consorcios ejercen en la telefonía fija y móvil y en la televisión, respectivamente. En todo caso, el episodio constituye un recordatorio de cuán concentrada se encuentra, en la actualidad y en nuestro país, la competencia en el terreno de las telecomunicaciones.
Dada esta circunstancia, la perspectiva de una mayor apertura en ese ámbito es positiva, y su concreción, deseable y necesaria, pues el conjunto de los ciudadanos –no sólo los anunciantes– ha sido afectado en distintas formas por la ausencia de competencia real en los rubros del sector. Por añadidura, en la circunstancia actual, la apertura del terreno se presenta también como medida de obvia pertinencia para contrarrestar el desmesurado poder político de facto que ejercen las empresas mediáticas hegemónicas: en años recientes, ese poder se ha expresado en capacidad de sometimiento y chantaje a los órganos legislativos –como ocurrió con la aprobación de la llamada ley Televisa y con las protestas por las reformas efectuadas en 2007 que prohibieron la contratación de propaganda proselitista de particilares–, y ha otorgado a esas compañías un margen de maniobra para que interfieran indebidamente en procesos electorales; para que afecten, o incluso desaparezcan, en términos informativos, a individuos, movimientos y expresiones sociales que les disgustan, y practiquen impunemente la censura. Todo ello, en abierta distorsión y abuso de los títulos de concesión que esas empresas detentan sobre un bien público: las bandas del espectro radioeléctrico, que son, cabe recordarlo, una extensión del territorio nacional.
Ciertamente, los cambios que se requieren en el terreno de las telecomunicaciones trascienden, y por mucho, al eventual proceso de licitación de una nueva señal de televisión abierta, como el solicitado por Pérez Motta a la SCT y la Cofetel.
En cambio, es necesario que los legisladores avancen en una reforma integral del sector que reglamente la participación de los particulares –sin duda necesaria– y estipule el acatamiento de éstos a las leyes vigentes y su apego al interés público; que consagre la transparencia, la imparcialidad y el respeto a la libertad de expresión como principios rectores del otorgamiento de títulos de concesión por la autoridad, y propicie la democratización y la verdadera competencia en las telecomunicaciones; ponga fin al control oligárquico y al imperio del lucro descontrolado en este sector, lo abra a la pluralidad y lo coloque al servicio de la población.
En cambio, es necesario que los legisladores avancen en una reforma integral del sector que reglamente la participación de los particulares –sin duda necesaria– y estipule el acatamiento de éstos a las leyes vigentes y su apego al interés público; que consagre la transparencia, la imparcialidad y el respeto a la libertad de expresión como principios rectores del otorgamiento de títulos de concesión por la autoridad, y propicie la democratización y la verdadera competencia en las telecomunicaciones; ponga fin al control oligárquico y al imperio del lucro descontrolado en este sector, lo abra a la pluralidad y lo coloque al servicio de la población.