Por Martín Esparza
Todo México y la comunidad internacional fueron testigos de la infamia: entraron con sigilo y de noche, como los ladrones que no avisan porque tienen todo calculado; lo hicieron como aquellos que amparados en el poder de las milicias masacran a las democracias con cobardes golpes de Estado, sin más justificación que los tanques y las bayonetas.
Los electricistas que hacían guardia en sus centros de trabajo, en las subestaciones y redes de distribución, fueron sorprendidos y echados a la calle como si se tratara de peligrosos delincuentes con las manos en la nuca; ni siquiera se les permitió sacar sus pertenencias personales y menos se les explicó el porqué de tal vil acción. Eran las once de la noche del 10 de octubre del 2009 cuando miles de elementos de la policía federal fueron movilizados para tomar por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
Un día después, mediante un ilegal decreto, Felipe Calderón y los miembros de su gabinete justificaban la irracional y autoritaria medida que cancelaba de un plumazo el futuro de 44 mil familias de electricistas.
Según sus cálculos palaciegos, el Sindicato Mexicano de Electricistas desaparecería en tres meses. Fortalecían su teoría en que mediante jugosas indemnizaciones, dijeron, “por encima de la ley”, se acabaría con uno de los sindicatos más antiguos y combativos del país.
Pero no sólo nos siguen asistiendo la razón moral y jurídica, ahora, marchan a nuestro lado los afectados del daño colateral que ocasionó el cierre de nuestra empresa; son los miles y miles de usuarios afectados por el injusto cobro en sus recibos, en su inmensa mayoría familias humildes de trabajadores y comerciantes que subsisten con sus escasos ingresos y a los que ahora el gobierno que prometió bajarles las tarifas les hace cobros por miles de pesos, dejándolos ante el dilema de comer o pagar la luz.
También como víctimas de los efectos colaterales se encuentran infinidad de comerciantes y empresarios de la zona centro del país, que han tenido cuantiosas pérdidas por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica, nadie, y menos CFE, se hace responsable al respecto.
Es mentira que los salarios y las prestaciones de los trabajadores hayan sido de 40 mil millones de pesos y que, según Calderón, el gobierno se ahorraría con el cierre de Luz y Fuerza. Un ejemplo, los salarios de los 44 mil trabajadores activos hasta antes de octubre del 2009 representaban un gasto anual promedio de 3 mil 300 millones de pesos. Para liquidar a los 28 mil electricistas que optaron por esa vía, el gobierno se gastó más de 12 mil millones.
Ahora, a dos años, el gobierno ha erogado más de 10 mil millones de pesos en pago a contratistas, contratos de obra, viáticos y servicios de su personal en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, que sumados a las liquidaciones suman más de 22 mil millones de pesos, ofreciendo a los usuarios un pésimo servicio. ¿Cuáles fueron entonces los ahorros y beneficios?
Dos años han pasado y los hechos nos han dado la razón. Por eso, iremos unidos hasta la victoria.
