Se queda unas semanas para preparar la transición en la empresa
Elías Ayub deja CFE por motivos de salud; Antonio Vivanco, al relevo
Entre sus logros, mantener suministro de energía luego de desaparición de LFC
Luego de 12 años, Alfredo Elías Ayub dejará la CFE. La imagen, durante su comparecencia en el Senado, el pasado 2 de diciembreFoto Francisco Olvera
Israel Rodríguez y Claudia Herrera
Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 29
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 29
Después de casi 12 años al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub se retira por motivos de salud. Su puesto será ocupado por Antonio Vivanco Casamadrid, quien fuera coordinador de asesores del presidente Felipe Calderón.
Tras la reunión de consejo realizada este viernes en la sede del Museo Tecnológico de la CFE, se confirma la salida de Elías Ayub en unas semanas.
Fuentes de la paraestatal indicaron que mientras transcurre un breve periodo de transición para que Vivanco Casamadrid se involucre en las operaciones de la empresa, Alfredo Elías se mantiene como director general.
Se informó que a partir de ayer viernes se formalizó el nuevo nombramiento, pero por lo pronto, por medio de una carta dirigida a sus colaboradores, Elías Ayub expresó: Estimados compañeros y compañeras: Quiero comentarles que a partir de esta fecha el maestro Antonio Vivanco Casamadrid se incorpora a la CFE como director general adjunto, cargo temporal que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la entidad.
Esta posición fue creada con carácter de temporal por la Junta de Gobierno de la empresa, presidida por el secretario de Energía, Jose Antonio Meade.
Elías Ayub se mantiene como director general de la CFE por unas semanas para encauzar un proceso de transición terso y ordenado que permita a Vivanco Casamadrid involucrarse con los procesos y grandes proyectos de la empresa, tras lo cual se separará del cargo para someterse a un tratamiento intensivo de rehabilitación física, informó la CFE.
En las siguientes semanas, el director general y el director general adjunto revisarán la situación actual de la empresa, dando prioridad a la continuación de su proceso de modernización y a la conclusión en tiempo y forma de los grandes proyectos de infraestructura eléctrica que se están desarrollando.
Durante la gestión de Elías Ayub al frente de la CFE se impulso la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica, principalmente por los consorcios extranjeros.
Uno de los mayores logros que se le reconocen es haber mantenido el suministro relativamente confiable de electricidad en la zona centro del país después del 11 de octubre de 2009, cuando se difundió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Sin embargo, meses antes de su salida por motivos de salud, la CFE se vio envuelta en presuntos casos de corrupción por funcionarios de alto nivel, solamente por debajo de la jerarquía del director general de la empresa.
En su mensaje de despedida, pidió al personal y funcionarios de CFE otorgar todo su apoyo al director general adjunto, a fin de lograr los objetivos y metas que la empresa se ha trazado.
Vivanco Casamadrid es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo dos maestrías en administración de empresas y en políticas públicas por la Universidad de Harvard.
En el sector público, ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y en la Sociedad Hipotecaria Federal. En la Presidencia de la República se desempeñó como secretario técnico del gabinete social y como secretario técnico del gabinete de infraestructura, y desde enero de 2008 como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia.
Durante estas responsabilidades en el equipo de Los Pinos, Antonio Vivanco estuvo estrechamente involucrado en diversos procesos y proyectos de la CFE, la toma de control de la zona central del país y el desarrollo de las principales obras de infraestructura, como la Terminal de gas natural licuado de Manzanillo y el manejo del sistema hidráulico del Grijalva, en 2008 y 2010.
Los de Abajo
Ninguna puerta se abrió
Gloria Muñoz Ramírez
Tocaron todas las puertas y ninguna se abrió. Regresaron a sus comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero en camionetas y camiones de redilas para informar a sus pueblos y para definir los siguientes pasos. La frustración y, sobre todo, la rabia e indignación, los acompañaron camino arriba.
Los más de cien comisariados ejidales y municipales pertenecientes a la recientemente integrada Unión de Pueblos y Organizaciones de la Costa Chica Montaña de Guerrero, salieron de sus comunidades y llegaron a Chilpancingo, la capital, donde se plantaron dos días en protesta por las altas tarifas eléctricas que se mantienen en una de las regiones más empobrecidas del país.El palacio de gobierno de Chilpancingo se mantuvo cerrado. Nadie estuvo para escuchar sus demandas. Nadie que les explicara por qué les llegan recibos hasta de 15 mil pesos por consumo de luz, por qué tienen que pagar tarifas más altas que en el puerto turístico de Acapulco y que en la propia capital del estado.
Decidieron entonces encaminarse a la ciudad de México. Y ahí vienen con sus papeles oficiales sellados por cada comunidad a la que representan. Llegan al Congreso de la Unión, donde los reciben delegados de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Gobernación y de Secretaría de Hacienda, además de una comisión de diputados.
A todos les explican la situación y les exigen tarifas preferenciales para una región de baja producción agrícola, de alta desnutrición, de flujos migratorios, de precariedad absoluta. Los delegados los escuchan, les sellan sus peticiones y les dicen que no tienen ningún poder de decisión, que regresen a sus pueblos y que quedará asentada su queja en algo que se llama
Comité de Información, Gestoría y Quejas.
La Unión de Pueblos y Organizaciones de la Costa Chica Montaña de Guerrero se conformó hace cuatro meses, a raíz de las amenazas a su territorio de las empresas mineras inglesas y canadienses, contra los ejes carreteros y por las altas tarifas de energía eléctrica. La integran 120 pueblos y organizaciones, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC-Policía Comunitaria), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero y la Coordinadora de Autoridades Indígenas de la Montaña. Entre los municipios en los que tienen presencia está Ayutla de los Libres y Cochoapa El Grande (el de mayor índice de pobreza en México); además de Cuajinicuinapa. Son regiones meph’aa, naha savi, afromestizas y nahuas.
Agotaron las instancias, recogieron los correspondientes sellos y regresaron a sus pueblos en sus camiones de redilas. ¿Qué sigue
Pleito por el poder
Es meridianamente claro que la determinación de las empresas de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, de dejar de anunciarse en los canales de Televisa trasciende al ámbito de un mero desacuerdo por las tarifas de las pautas publicitarias, como señalaron ayer los involucrados. Las motivaciones de una decisión que afectará los ingresos de la televisora en poco menos de 2 por ciento, y cuyo anuncio no derivó –al menos en la jornada de ayer– en un castigo de los mercados bursátiles a ninguno de los dos conglomerados –como habría sido lógico suponer que ocurriría–, son marcadamente políticas, y se inscriben en el recrudecimiento de una pugna vigente entre los dos gigantes de las telecomunicaciones en el país.
Los elementos centrales de ese pleito están a la vista: la defensa de posiciones hegemónicas respectivas en distintos terrenos de las telecomunicaciones –la televisión abierta y de paga en el caso de Televisa; la telefonía fija y móvil, en el de las compañías propiedad de Slim– y el rechazo a la perspectiva de que los conglomerados irrumpan como competidores, directa o indirectamente, en el ámbito de dominación del otro. En ese contexto, no es de extrañar que la televisora de Chapultepec se haya volcado, a lo largo de la semana que concluye, en contra de las empresas de Slim: por un lado, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable –sobre la que Televisa ejerce una amplia influencia– acusó a Telcel de imponer unilateralmente tarifas de interconexión para la telefonía celular; por el otro, la propia televisora solicitó la revisión del convenio comercial entre Telmex y Dish –la compañía de televisión restringida que ha irrumpido en un mercado en el que la dinastía Azcárraga ejercía un control casi total– por posibles violaciones al título de concesión de la empresa telefónica.Así pues, aunque las partes sostengan que se trata de un diferendo esencialmente económico, es evidente que la dimensión central del desacuerdo es una pugna por el poder político de facto que detentan, en México, las grandes empresas de telecomunicaciones como Televisa y Telmex-Telcel. El ejercicio desmesurado de ese poder se ha traducido, para la primera, en capacidad para someter a los órganos legislativos –como quedó de manifiesto con la aprobación de la denominada ley Televisa–; en intromisiones indebidas en asuntos político-electorales, de acuerdo con sus intereses, y en un amplio margen de maniobra para atacar, en términos informativos, a individuos, movimientos y expresiones sociales que le disgustan.
El trasfondo ineludible en el que se produce esta confrontación de intereses mediático-empresariales es de una profunda debilidad de la institucionalidad política formal. En el terreno de las telecomunicaciones, esa debilidad se ha expresado en el desdibujamiento de las instancias encargadas de regular la competencia y de otorgar los títulos de concesión en la materia; en la pérdida de independencia de éstas frente a los designios del poder político y económico, y en su consecuente falta de imparcialidad ante escenarios como el comentado, lo que desacredita su autoridad ante el conjunto de la sociedad.
Finalmente, para los ciudadanos, los efectos de esta circunstancia distan de ser positivos: por un lado, porque los pleitos por posiciones de poder entre los consorcios de telecomunicaciones no necesariamente se traducen en un incremento de la competencia en el sector ni en los correspondientes beneficios en cuanto a menores costos de esos servicios; por el otro, porque es justamente de la inveterada alianza entre los consorcios empresariales –particularmente los mediáticos– y los grupos de interés enquistados en las instituciones públicas de donde provienen algunas de las principales amenazas a la libertad de expresión, a la pluralidad política e ideológica y a las aspiraciones democráticas de la sociedad.
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