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Temen ofensiva contra la libertad de expresión

Periódico La Jornada
Jueves 10 de febrero de 2011, p. 19

La Presidencia de la República consideró falsas las especulaciones sobre supuestas presiones del gobierno federal hacia MVS Noticias para el despido de la periodista Carmen Aristegui. En tanto, organizaciones civiles advirtieron que en caso de confirmarse las presiones de Los Pinos sobre la empresa radiofónica para liquidar su relación laboral con la conductora, el país estaría en un momento lamentable de autoritarismo y cerrazón que atenta contra la libertad de prensa.

A las 16:15, cinco horas después de que la comunicadora reveló dichas presiones y aseguró que detrás de su cese está el refrendo de las concesiones de Multivisión, la Presidencia emitió un comunicado para advertir que sus políticas de comunicación social no se mezclan ni se confunden con las de telecomunicaciones. Y que las decisiones en ese ámbito se toman con total transparencia y estricto apego a la ley, sin ninguna otra consideración más que la concordancia con los principios de cobertura, convergencia y competencia.

Por segunda vez en tres días, la Presidencia negó haber tenido cualquier participación en este hecho y agregó que como pueden constatar los mexicanos de manera permanente, el respeto del gobierno de Felipe Calderón a todos los comunicadores es absoluto e independiente de coincidencias y discrepancias, las cuales forman parte de la vida cotidiana de nuestra democracia. Insistió en ser escrupulosamente respetuosa de la libertad de expresión, dijo, y valorar la multiplicidad de voces y opiniones en el debate de los asuntos públicos.

Diputados de PRI y PRD consideraron que la postura pública de Aristegui en demanda de ser restituida en su espacio noticioso contribuye a fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país, y se enmarca en la reivindicación social de mantener voces críticas de los actos del poder político y económico.

El priísta Fernando Morales expuso que la sociedad reclama transparencia y apertura en el manejo de la información pública, y el caso de la salida de Aristegui de la empresa atañe a todos, porque nos vemos reflejados en la periodista, que por una decisión autoritaria fue despedida de una radiodifusora que gozaba tan sólo hace unos días de la mayor audiencia y credibilidad, y ese es el punto: que cualquiera de nosotros somos vulnerables ante las determinaciones del poder político.

Mauricio Toledo, del PRD, atribuyó la responsabilidad del despido de la conductora a la administración de Calderón, porque nadie se explica que el noticiero más escuchado de la radio sea un mal negocio para los dueños de Multivisión.

En tanto, la dirigencia nacional del PRD advirtió que la libertad de expresión no debe tener controles gubernamentales de ninguna naturaleza. Y refrendó su solidaridad con la periodista. Los políticos, más que nadie, estamos expuestos a la crítica y, en no pocas ocasiones, consideramos que es injusta y no es correcta; pero eso no se puede remediarse coartando la libertad de expresión de los periodistas o de cualquier otra persona, dijo el sol azteca.

Rocío Culebro, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que el tema de fondo en este caso es el riesgo en el que se encuentra la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a conocer opiniones diversas y plurales a través de los medios, y formarse una opinión sobre diversos asuntos de interés público.

Omar Rábago, de Artículo 19, apuntó que lo sucedido con Aristegui representa también un ataque contra la pluralidad y diversidad de voces en los medios. Sería muy aventurado decir que hubo censura por parte del gobierno, pero sí sería muy grave que el Estado comience a aplicar este tipo de políticas. El activista pidió atención para otros casos similares de periodistas menos conocidos.

Por otro lado, por tercer día consecutivo, un grupo de personas se concentró afuera de las instalaciones de MVS Radio para demandar la reinstalación de Aristegui en su noticiario matutino. En el mitin los ciudadanos manifestaron su respaldo absoluto a la comunicadora.

Claudia Herrera, Ciro Pérez, Gabriel León, Fernando Camacho, Roberto Garduño y Enrique Méndez

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Cese de Aristegui, contubernio entre empresa y gobierno por servicios redituables: expertos

Desde 2000 se definió que el espectro de 2.5 Ghz que usa MVS debe destinarse a la banda ancha

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 10 de febrero de 2011, p. 26

En la frecuencia de 2.5 gigahercios (Ghz) están concesionados 190 megahercios (Mhz), de los cuales 70 por ciento correspondían a Multivisión (MVS) y 19 por ciento a Ultravisión para dar servicios de radiodifusión; sin embargo, en 2000 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señaló que ese espectro debe usarse para servicios de banda ancha, por tratarse de una aplicación más eficiente y rentable.

Seis de las concesiones de MVS vencieron en 2000, otras están por vencer y hay algunas no sólo de esta empresa que llegarán a su fin en 2017.

La situación por la que atraviesa MVS despertó especulaciones en la industria de las telecomunicaciones respecto a la necesidad de que el gobierno le prorrogue las concesiones o lleguen a un acuerdo.

A esa situación se agrega ahora la salida de la periodista Carmen Aristegui. Especialistas del sector, que pidieron no ser mencionados, dijeron que el despido de una de las periodistas con más audiencia e influencia en la opinión pública obedece al contubernio entre MVS y el gobierno, debido a que las prórrogas o refrendos pendientes son idóneas para dar servicios móviles de Internet de banda ancha que prometen cuantiosas ganancias a la empresa.

En su momento, el ex presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, dijo que ninguna de las concesiones otorgadas considera utilizar toda la banda a nivel nacional, es decir, MVS no cuenta de ninguna manera con derechos exclusivos sobre la totalidad de la banda de 2.5.

En una conferencia de principios de año, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, definió el caso como un rompecabezas de certezas legales, de incertidumbre, de derechos adquiridos que hay que respetar, evidentemente, pero sin perder de vista que es una concesión que se otorgó para tv restringida.

En ese encuentro el comisionado fue muy preciso al señalar que esas concesiones se otorgaron para ofrecer el servicio de televisión restringida, pero que por disposiciones de la UIT desde el año 2000 la banda de 2.5 se debe usar para servicios de banda ancha, redes móviles de última generación conocidas como Long Time Evolution (LTE).

Por ello, desde que la Cofetel estaba presidida por Héctor Osuna Jaime se negó la prórroga a las concesiones de MVS, lo que derivó en litigios que siguen vigentes, y a la fecha el regulador no ha tomado una decisión sobre el futuro de ese espectro.

El tema ahora está en manos de Mony de Swaan, quien en el encuentro con los medios el pasado 17 de enero fue preciso: para no irnos a un litigio típico del sector, (la solución) sería llegar a un acuerdo con el concesionario, donde ceda unas cosas y obtenga otras; pero lo importante, insisto, es que esa banda esté disponible para banda ancha particularmente LTE lo más rápido posible. Nos urge como país.

Señaló que la Cofetel lleva varios meses en negociaciones con MVS pero hay posiciones encontradas, incluso, dijo, la empresa presentó una propuesta formal y solicitó la opinión de la Cofetel, la cual se podría dar a conocer a mediados de febrero.

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Dinero

Carmen tiende la mano a MVS
Y Televisa al ataque
Nokia: la empresa está en llamas

Enrique Galván Ochoa

Carmen Aristegui tendió la mano al número uno de MVS-Dish, Joaquín Vargas. En esta edición de nuestro periódico encontrarán amplia información de lo que sucedió en Casa Lamm, donde habló ayer ante los medios. Me quedo con que Carmen le tendió la mano a la empresa para que el programa se reanude. El señor Vargas no debería dejarla con la mano extendida. No estoy pensando en que responda con un lance quijotesco, obviamente no se trata de una novela de caballería andante. Pienso en el tercer personaje del drama: su auditorio. Y si levantamos la mirada, incluiría al país. Su desencuentro definitivo significaría la muerte de una expresión independiente. Y sobran dedos de la mano para contar los medios auténticamente independientes. En cambio, faltan dedos para contar a los que saldrían ganando con el fracaso de su proyecto informativo. La vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, es inexperta, pero no ingenua. ¿No fue la insidia la que la movió a informar del contacto de MVS con la Presidencia? Lo que sigue no será tan difícil si anteponen el interés del público.

Y Televisa al ataque

Ayer les decía que Televisa afilaba la espada para lanzar una estocada mortal contra Dish –sí, la misma empresa del grupo de Joaquín Vargas de la que estamos hablando. En el transcurso del dia fue notificada de que existe una demanda de amparo de Televisa contra un resolución de la Comisión Federal de Competencia, por la que autorizó su asociación con Telmex. Mediante ésta, Telmex presta servicios de comercialización, facturación y venta de los servicios de televisión de Dish. Se convirtió en 2009 en competidor de los servicios Sky; tal vez entonces Televisa desestimó el peligro, pero en un tiempo récord primero alcanzó la marca de un millón de usuarios, ahora tiene más de dos millones y sigue creciendo. Dish es la televisión de bajo precio, la de la clase media convertida en clase pobre alta. Uno de los canales de Dish transmitía el programa de Carmen Aristegui. El amparo de Televisa tiene el propósito de arruinar a su competidor. Si consigue disolver su asociación con Telmex, caería en crisis. Sus suscriptores le pagan con puntualidad porque va incluido –aunque desglosado– en la factura de la telefónica. ¿Está en manos del gobierno calderonista llevar al fracaso a Dish para favorecer a Televisa? Temo que puede influir. No es confiable la Comisión Federal de Competencia, es de los organismos en que pesa mucho el grupo Azcárraga. Bastaría con que sus abogados se dejaran ganar la demanda. Para Telmex el negocio con Dish tiene importancia relativa. Dice que sólo es uno entre casi un millar que ha firmado con otras empresas.

La competencia es buena...

Si tiene lugar en un terreno parejo, no cuando los dados están cargados a favor de un jugador. Nokia fue el primer fabricante de celulares del mundo hasta fecha reciente. El iPhone y los aparatos que operan con el software Androide le han quitado buena parte del mercado. Su presidente, Stephen Elop, acaba de hacer una declaración dramática: la empresa está en una plataforma en llamas, rodeada por un violento incendio. En unos días más presentará su modelo E7; tiene cifradas sus esperanzas en él, dice que es una maravilla. Los clientes opinan que es caro: alrededor de 600 dólares.

Enero sin cuesta

Un sarcasmo se convirtió en estadística. Le quitaron la cuesta a enero, ironizó esta sección, al comentar que el Banco de México había cambiado el método de medir el incremento de los precios a fin de obtener un buen dato en inflación. Según el gobernador del banco central, Agustín Carstens, no existió este año cuesta de enero. Los datos son elocuentes y hablan por sí mismos y tuvimos una declinación muy importante en la inflación, pasó de 4.4 a 3.78 por ciento. La gente percibe otra cosa cuando va al mercado: estamos en febrero y la cuesta va para largo.

Censura-Ahumada

 

Los trasfondos del poder, a la luz

Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, fundador de Wikileaks, entregó a La Jornada un archivo que contiene cerca de tres mil despachos elaborados por personal diplomático estadunidense, en los que se abordan asuntos políticos, económicos y de seguridad pública de nuestro país. Ese acervo documental reviste, en conjunto, un interés público fundamental, en la medida en que constituye una ventana al fondo y al tono de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el vínculo más importante, el más conflictivo y el más definitorio de la nación con el exterior.

Este diario considera que la difusión de la verdad y el derecho de la ciudadanía a la información es un factor irrenunciable de legalidad, normalidad democrática, rendición de cuentas y soberanía nacional, además de una obligación básica del ejercicio periodístico. Con esa convicción, La Jornada ha emprendido una tarea de lectura, sistematización y elaboración periodística de los datos contenidos en la información recibida –unas ocho mil páginas de texto–, con el propósito de dar a conocer a la sociedad hechos, dichos y puntos de vista que resultan fundamentales para la comprensión del acontecer nacional y para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

La tarea requiere, ciertamente, de responsabilidad y profesionalismo. Las consideraciones básicas en la edición de la información han sido, en este espíritu, apegarse a citar fielmente lo que se consigna en los cables, deslindar los hechos relevantes de los que no lo son y evitar la divulgación de nombres que pudiera constituir un riesgo a la integridad y a la seguridad de ciudadanos privados, personas indefensas y empleados públicos de baja jerarquía que son mencionados en los textos.

A partir de esta fecha, La Jornada entrega a su público los resultados de este empeño. En forma simultánea a la publicación en estas páginas de las notas elaboradas a partir de los cables, éstos irán siendo liberados y colocados a la consulta del público en los sitios de Wikileaks en Internet. El doble compromiso de no alterar el contenido de los documentos y de preservar la identidad de personas que pudieran correr peligro rige para ambas partes.

Es pertinente reiterar, por último, la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho de conocer los trasfondos del poder público y que el deber de contarla es parte sustancial de todo ejercicio periodístico profesional y ético.

México-EU: entre paranoia y amenazas reales

A pregunta expresa de un representante republicano, durante una comparecencia en el Capitolio de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Interior de ese país, Janet Napolitano, afirmó: “Desde hace tiempo hemos estado pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas, uno de los cárteles de la droga (que operan en México). Y simplemente lo dejo ahí”.

Los comentarios de la funcionaria resultan tan improcedentes como preocupantes. Durante la desastrosa era de George W. Bush, el gobierno estadunidense volvió una práctica común la conversión de la paranoia en política de Estado y de seguridad, así como la invocación de peligros inciertos y difusos y de hipótesis conspiratorias que terminaron por convertirse en profecías autocumplidas: en su afán por imponer como primera prioridad en la agenda planetaria la cruzada contra el terrorismo y por inventar –con ayuda de los círculos del pensamiento reaccionario de Estados Unidos– un falso choque de civilizaciones entre Occidente y el mundo árabe, el anterior gobierno de Wa-shington terminó por fortalecer a bandas como Al Qaeda a niveles que eran inimaginables, incluso en 2001, y les dio a éstas y a sus aliados motivos de encono adicionales a los que tenían hasta el 11 de septiembre de ese mismo año.

Ahora, a instancias de su titular de Seguridad Interior, la administración Obama redita esas prácticas –por más que éstas se hayan convertido en uno de los factores de la debacle política, moral y militar de su antecesora– y lo hace, para colmo, con base en delineamientos dudosos y falaces, como la afirmación de una posible convergencia entre los cárteles de la droga y grupos integristas islámicos, organizaciones que difieren en la sistematicidad de sus métodos y, sobre todo, en sus fines.

Por desgracia, si bien el razonamiento en el que se basa lo dicho por Napolitano equivale a una dislocación de la realidad, las implicaciones que derivan de él son palpables y alarmantes. Si se toma en cuenta lo que representa Al Qaeda para Estados Unidos, y si se añaden a ello declaraciones como las hechas ayer por el subsecretario del Ejército estadunidense, Joseph Westphal –en el sentido de que Estados Unidos ha contemplado el envío de sus tropas a México para hacer frente a la violencia de los cárteles–, la propalación de una posible alianza entre ese grupo y Los Zetas allana el camino para la presencia masiva y desembozada de policías, soldados y espías de Estados Unidos en México, y para la profundización de los designios injerencistas del vecino país en la política de seguridad vigente en el nuestro.

En la primera mitad de la década pasada, el sostenido afán de gobiernos de Bush y Fox por alinear a México en la fantasmagórica y demagógica guerra contra el narcotráfico implicó involucrar al país, innecesariamente, en un conflicto que le ha sido totalmente ajeno, y ponerlo en la mira de los enemigos –reales o supuestos– de Washington. Ahora, la persistencia en ese afán, –que, a lo que puede verse, no ha sido abandonado del todo pese al cambio en los titulares de ambos gobiernos– prefigura, además, el riesgo de una injerencia masiva de las autoridades estadunidenses en territorio nacional.

Por elementales razones, la autoridad mexicana tendría que responder a los señalamientos de Napolitano, demandar una rectificación de los mismos y rechazar, con claridad y contundencia, cualquier intento de valerse de ellos para vulnerar la soberanía nacional.

Aclaración-Fisgón